POBLACIÓN PANAMEÑA CONSIDERA DESACERTADA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE RECORTAR EL PRESUPUESTO A LOS CINCO CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICOS DEL PAÍS

 

  El pasado martes 20 de agosto del presente año la encuesta aplicada por el Diario La Prensa sobre ¿Cómo califica la decisión del Gobierno de recortar el presupuesto a los cinco centros de educación superior públicos del país?

La respuesta indicaba que la decisión era: el 14% consideraba que era Acertada; el 82%, Desacertada y No sabe el 4%.

La reacción de la Universidad de Panamá ante este recorte surge luego de conocerse que el Gobierno de Laurentino Cortizo recortó el presupuesto a cinco universidades públicas: La Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá.

En el caso particular de la Universidad de Panamá el recorte es de 14.1 millones al presupuesto de 2019, como parte de las medidas de contención del gasto público para hacerle frente al déficit fiscal.

Esa medida implica reducir gasto en funcionamiento e inversiones, lo que afecta el mantenimiento, reparaciones, adquisición de maquinaria, equipamiento, suministros y construcciones en proceso programadas para este año.

Igualmente afectaría el apoyo económico para actividades académicas, partidas de viáticos interno y externos, entre otras cosas que dejará el recorte presupuestario a la Universidad de Panamá.

En un comunicado emitido por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, considera que esta no debe ser equiparada a ninguna otra institución estatal, pues ella está amparada por una protección constitucional que los gobiernos no han estado cumpliendo.

El artículo 104 de nuestra Constitución Política mandata que “Para hacer efectiva la autonomía económica de la universidad, el Estado la dotará de lo indispensable para su instalación, funcionamiento y desarrollo futuro”.    

 Esto significa que es un deber del Estado proporcionar las partidas presupuestarias imprescindibles para el funcionamiento eficiente actual y su desarrollo posterior. Por tanto, este recorte incumple aún más la salvaguarda constitucional, al imposibilitar el adecuado funcionamiento y las expectativas de desarrollo de la Universidad.

 

Por: Alfredo Meléndez Moulton/ Foto: Internet /Portal La Prensa
24/08/2019

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