Panamá es un país de aproximadamente 4.279.000 habitantes de los cuales (2.159.880 son hombres y 2.154.888 mujeres). Un país que se encuentra en la posición 130 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, de 57 habitantes por Km2; con una economía de servicios, misma que en el año 2020 a razón de la pandemia del Covid-19, su Producto Interno Bruto se derrumbó en más de en un 17 %, sepultando con ello la demanda interna y acrecentando el desempleo hasta por encima del 18 % a nivel nacional. Realmente un escenario muy crítico en términos económicos y laborales, que de hecho se profundizó aún más, ya que antes de la pandemia el país ya venía reflejando gran parte de esta crisis.
Sin embargo, a mediados del año 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) informó al país que entre los meses de enero y junio, “el PIB alcanzó un crecimiento acumulado de 10,0 %», con una importante expansión del indicador en el segundo trimestre (40,4 %), en contraste con el resultado del primer trimestre de (-8,5 %). Es decir que el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) alcanzó un monto de B/. 9.124,9 millones de dólares, con un aumento de B/. 2.627,8 millones comparado con el trimestre del 2020.
Frente a este escenario, el gobierno nacional (PRD-MOLIRENA), presidido por Laurentino “Nito” Cortizo, mediante el Decreto Ejecutivo N°74 de 31 de diciembre de 2021, aprobó un “aumento salarial” parcial, considerado como el nuevo salario mínimo que se aplicará a partir de la segunda quincena del mes de enero de 2022, pero solo en algunas actividades, que de acuerdo a los definido en la mesa (gobierno y empresarios), fue dado a conocer por Doris Zapata, actual del Ministra de Trabajo, quien señaló que lo acordado era “una decisión de justicia social que se basó en informes nacionales e internacionales sobre las proyecciones económicas del país”.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral como vocera oficial del gobierno panameño, explicó que ese incremento salarial no sería para todos, sino para aquellos sectores que en sus actividades registraron un incremento del 3% en comparación con el año 2019. Y que los trabajadores con salario mínimo que laboran en hoteles, restaurantes, entretenimiento, así como del comercio al por menor y mayor no fueron incluidos en los “ajustes” del 1.5% y del 2% que se estableció por los próximos dos años; alegando con ello que “el gobierno priorizó mantener a nivel nacional los actuales puestos de trabajo de estos sectores, antes que aplicar un aumento salarial en actividades que hasta el momento no han mostrado recuperación positiva en medio de la pandemia”.
Lo anterior indica entonces que a partir de la segunda quincena del mes de enero de 2022, solo percibirán aumentos de 1,5 %; y 2 % respectivamente. Es decir que las actividades económicas con ajuste salarial para el año 2022 como la agricultura, caza, ganadería y silvicultura será de 1,5 %, las de explotación de minas y canteras obtendrá un 1 %; y para las actividades de servicios sociales, financieras y salud privada será de un 2 %; la construcción de un 1 %; suministro de electricidad, gas y agua 2 %, y para el caso de las bananeras obtendrán un 13 %.
En este tema los trabajadores en una especie de consenso, desde el primer momento solicitaron un aumento salarial de un 20.5 %, cónsono con la realidad elevada de los alimentos y demás rubros de primera necesidad a nivel familiar. Ante ello, los empresarios (los más beneficiados económicamente durante pandemia por los subsidios multimillonarios entregados por el gobierno), fueron los primeros en considerar que nada de eso era posible en medio de la crisis por el COVID y por ende no presentarían propuesta al respecto.
Cabe señalar que en Panamá existen alrededor de unos 40 tipos de salarios mínimos, ello dependiendo de la actividad económica y la región del país; cuyos montos por ley deben ser ajustados cada dos años, tras un consenso entre empleadores y sindicatos en una mesa de diálogo, pero como nunca hay acuerdos el Gobierno siempre termina tomando la decisión como en efecto se ha dado en este caso.
Esta decisión aprobada y decretada por el gobierno (PRD-MOLIRENA) de Laurentino “Nito” Cortizo, para algunos dirigentes sindicales del país, este “aumento salarial” ha sido catalogado de “irrisorio” y además como una «burla» para los miles de trabajadores y trabajadoras, cuyas consecuencias traerá consigo «más sufrimiento para el pueblo», en medio de la actual crisis pandémica a causa del COVID-19 y sus nuevas variantes.
La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores Convergencia Sindical (CS), en uno de sus comunicados señaló que: “Con la imposición de Decreto Ejecutivo N°74 que establece las tasas de salario mínimo a partir del 15 de enero del 2022, se profundiza la crisis socioeconómica de la población que sobrevive sin satisfacer sus necesidades, ya que afecta los derechos fundamentales de la familia panameña”… “el discurso de luchar contra la pobreza y la desigualdad del Presidente Cortizo, queda reducido a pura demagogia”.
Para la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), “el Decreto Ejecutivo N°74 es considerado insuficiente e incómodo que genera desasosiego y desesperanza, máxime cuando ya los empresarios están anunciando elevar el costo de los alimentos. Por lo que es lamentable la decisión tomada de ese salario mínimo, esto no va a resolver los problemas socioeconómicos de la población, por el contrario genera inquietudes, discriminación y pobreza, generando un círculo vicioso que al final beneficia a los empresarios”.
Por otro lado la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), señaló que “Esos salarios mínimos no satisfacen las necesidades materiales de los trabajadores ni de sus familias; y ocurre cuando los precios de los artículos de primera necesidad suben constantemente y este Gobierno es incapaz de buscarle una solución a esa problemática”.
En un país donde se ha encarecido el costo de la vida, donde se han disparado los precios de los artículos de primera necesidad, el combustible, los materiales de construcción y otros servicios como luz, agua, data, internet, etc., estos “aumentos” salariales recién aprobados, en la mayoría de los casos significan un monto miserable de entre (2 a 6) centavos por hora trabajada, en comparación a las jugosas ganancias de las empresas, la de sus dueños o socios. Por lo que, frente a la nueva decisión del gobierno panameño de aprobar lo contemplado en este Decreto Ejecutivo N° 74, abre aún más la brecha de las desigualdades y con ello más de una veintena de sectores no lograron recibir ningún tipo de aumento o ajustes salarial de esos míseros centavos.
Frente a esta dura y crítica realidad en estos trágicos tiempos con una pandemia más agresiva y letal, corresponde entonces al movimiento obrero y popular debidamente organizado trabajar una AGENDA COMÚN y en UNIDAD, enarbolar las banderas, agitar sus consignas y al calor de las movilizaciones luchar, elaborar sus propuestas para exigir al gobierno panameño y a los empresarios, aumento general y real de salarios (no míseros centavos), para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, donde se incluya además a los pensionados, jubilados, a los trabajadores del campo y de las regiones indígenas; exigir igualmente la rebaja inmediata, el congelamiento y control de precios en los múltiples productos de la canasta básica familiar y la de otros servicio básicos y necesarios para los hogares panameños.
Por. Félix E. Villarreal V./ Foto de cortesía: Central Nacional de Trabajadores de Panamá CNTP
Revista Hacia la Luz 