La Dra. Rosario Correa, directora del Observatorio contra la Explotación Sexual de Niños y Niñas Adolescentes de la Universidad de Panamá, subrayó la creciente preocupación por la explotación sexual de menores en el país.

Advirtió sobre un incremento en los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, señalando que la distinción entre delitos sexuales y la explotación sexual es fundamental para abordar la problemática de manera efectiva. No importa si son uno o dos casos, cada niño afectado representa una vida que se ve comprometida en su desarrollo y bienestar, comentó.

La necesidad de fortalecer el sistema de protección y desarrollar estrategias adecuadas es esencial para ofrecer respuestas integrales a los problemas que afectan los derechos de los menores. La educación sexual es clave; los niños deben saber cómo protegerse y estar informados sobre los peligros que enfrentan, subrayó la Correa

En relación con las desapariciones de menores, la Dra. Correa enfatizó la importancia de la supervisión por parte de adultos y de la activación de alertas como la alerta AMBER. Es preocupante que un niño desaparezca sin que se activen los mecanismos necesarios para garantizar su seguridad, afirmó.

Dra. Correa concluyó haciendo un llamado a la sociedad panameña para crear entornos seguros para los niños y niñas, activando mecanismos de prevención de la violencia y garantizando su protección contra la explotación y el abuso.

Estas declaraciones se dieron en el marco del quinto aniversario del observatorio, que ha estado en funcionamiento desde 2019, se planea un cuarto congreso científico para octubre de 2025, que se llevará a cabo en la Universidad de Panamá.

La Dra. Correa destacó la importancia de este congreso, señalando que Panamá está suscrito a varios tratados internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece protocolos específicos para abordar la explotación sexual.

En mayo de 2024, el Estado presentó un informe ante el Comité de los Derechos del Niño, que emitió observaciones y recomendaciones para mejorar la respuesta a este fenómeno criminal, explicó.

La directora del observatorio también celebró la creación de esta entidad, que proporciona un enfoque transparente y científico para estudiar el fenómeno y generar respuestas concretas basadas en evidencias.

Además, enfatizó el papel del observatorio como asesor en la formulación de políticas públicas, no solo en relación con la explotación sexual, sino también en la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La Ley 285 de 2022, que establece un sistema de protección integral, es un claro ejemplo de este esfuerzo colaborativo.

Por: Yamileth Donalicio/Foto: Félix Villarreal