Hemos sido testigos del despliegue que ha tenido en distintos medios informativos el llamado que una vez más hace la Universidad de Panamá al instar a los diputados de la Asamblea Nacional a que tengan a bien considerar la propuesta presentada como institución académica de educación superior del país sobre las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social CSS para salvar esa importante institución de salud pública del pueblo panameño.

Se trata de una propuesta e iniciativa en definitiva muy bien estructurada y argumentada que busca la estabilidad del sistema de pensiones bajo un modelo completamente solidario, desmarcando con ello “las opciones” que favorecen el individualismo financiero que, según la experiencia hasta ahora vista, ha sumido a muchos trabajadores en condiciones difíciles y de miseria.

Lo anterior, nos traslada en lo inmediato a recordar lo que fue la realización de aquel importante Foro Debate denominado “Análisis de la Propuesta de la Universidad de Panamá, para salvar la Caja del Seguro Social CSS”, el pasado 10 de diciembre del 2024, en el marco de celebrarse los 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas (ONU).

Este foro debate que, convocó a organizaciones gremiales, académicas, administrativas, estudiantiles, sindicales, ambientales, de jubilados, juveniles, profesionales entre otras, concluyó que era necesario articular y organizar a la comunidad universitaria para impulsar y defender la propuesta trabajada y estructurada por la Universidad de Panamá, por ser la más sólida, correcta y científicamente sustentada en salvar la actual crisis y solucionar el problema actual de la Caja de Seguro Social CSS.

 Lo anterior, desde luego, dio paso a establecer mecanismos de comunicación y coordinación. Es así que un amplio grupo de personas y organizaciones decidieron crear una expresión articulada para luego darla a conocer a nivel nacional, dando con ello el surgimiento en enero del 2025, del Movimiento Panamá Solidario (MPS), reconociendo el valor de la propuesta de la Universidad de Panamá y a su vez el compromiso como parte de su accionar en lo inmediato contextualizar las causas y problemas existentes del programa de invalidez, vejez y muerte (IVM), de la CSS de la Ley No 51 Del 27 de diciembre de 2005.

No es un secreto que, para todo cotizante, el Programa del IVM, al pasar por un proceso no adecuado, luego de ser real y efectivo garante en el denominado subsistema de beneficio definido (solidario), con esa Ley N° 51, inició una causa de “obligación a los cotizantes”, quienes, a partir del año 2007, nuevos se inscribirían en el denominado subsistema mixto (con cuentas individuales) y con esto separar los fondos de los dos subsistemas, mecanismo que desde luego creó las condiciones que hoy han generado la actual crisis del sistema solidario.

Es a partir de allí que, bajo el argumento de “salvar a la CSS” de esa crisis, el gobierno actual elabora desde el ejecutivo el hoy conocido Proyecto Ley 163, que a la fecha solo ha traído descontento en la mayoría de la población panameña y demás sectores organizados, académicos y profesionales del país.  

En medio de este conjunto de situaciones y descontentos nuevo Movimiento Panamá Solidario MPS, asumió el compromiso a favor de las grandes mayorías ha planteado que el contenido del Proyecto de Ley 163 presentado por el poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, desde el día uno, es absolutamente contrario a los intereses de la población panameña, alejado, por tanto, de un necesario estilo de desarrollo nacional, democrático, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

 Solo basta analizar brevemente algunos planteamiento y elementos claves de dicho proyecto Ley 163 que, sin pretender ser exhaustivo, se señalan los siguientes: el “aumento de la edad de jubilación” explícita para quienes quedan en el sistema solidario, así como implícita para  quienes pasan a cuentas individuales puras; la privatización, bajo la forma de “tercerización” del manejo de los fondos de la CSS; la “desnacionalización” del ahorro que representan los fondos de la CSS, que podrán ser invertidos hasta un 90.0% en el exterior; la generalización de un modelo de “cuentas individuales” puras, donde todos los riesgos, incluidos los financieros, pasan de ser solidarios a ser individuales; la modificación de las pensiones por viudez, que se restringen en todos los casos a solo 5 años; y por último se presenta con un modelo de “administración” que concentra un poder excesivo en el Director General y minimiza el papel de la Junta Directiva.

Cabe recordar que la propuesta de la Universidad de Panamá, en su momento fue presentada a través del rector, ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, en la que no solo defiende la naturaleza pública de la Caja de Seguro Social (CSS), sino que además plantea un modelo alternativo, con bases sólidas y sostenibles, sin aumentar los costos a los asegurados.

El pueblo panameño ha visto y siguió muy de cerca las distintas intervenciones de personalidades, profesionales, organizaciones representativas de los distintos sectores políticos, cívico, sociales, sindicales, magisteriales, originarios, afros, feministas, entre muchos otros, en su gran mayoría además de presentar propuestas, rechazaron el proyecto Ley 163 presentado por el gobierno.

Una vez iniciaron las discusiones por bloques en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, el MPS advirtió que, dada la contradicción insalvable entre los intereses nacionales y de la población con el contenido del proyecto de Ley 163, cualquier intento de “reformarlo” o “mejorarlo” siguiendo su propia lógica, resultaría absolutamente inconveniente. En otras palabras, no era posible intentar construir una especie de híbrido que contenga los reales intereses de los asegurados y los del gobierno de turno, el CONEP y las calificadoras de riesgo. Eso sería convertir ese proyecto en una suerte de Frankenstein.

Así como últimamente lo han manifestado algunas autoridades, decanos y directores de institutos académicos de alto nivel y prestigio de la casa de Méndez Pereira, el nuevo Movimiento Panamá Solidario, ha venido sosteniendo y reiterando que la propuesta de la Universidad de Panamá, contenida en el documento titulado Sistema de Pensiones: Hacia una Solución Alternativa, se constituye en una verdadera alternativa completa y científica, que contiene una visión objetiva y cónsona con los intereses nacionales y de la población.

Por contener una impecable demostración cuantificada sobre los nuevos fondos que permitirían una base sólida y permanente para la vuelta al sistema solidario, entre los que se destaca la disminución de la evasión y elusión tributaria por parte de los empresarios.  

En ese sentido de ideas, ese movimiento basándose en lo que propone la máxima casa de estudios superiores del país, la Universidad de Panamá, ha reiterado que el camino correcto es promover e impulsar esa propuesta y en otro sentido, urge la necesidad de exigir el rechazo completo al proyecto de Ley 163 “Frankenstein”, para luego de ello, basándose en la propuesta universitaria, desarrollar un proceso amplio y participativo para analizar, discutir y proponer un proyecto de consenso que logre resolver los problemas del programa de IVM y de toda la crisis por la que atraviesa la Caja de Seguro Social CSS.

Por. Félix E. Villarreal V.