Durante el programa Una hora con Julio Miller, el profesor José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP), destacó el papel histórico y actual de la casa de estudios superiores como facilitadora del diálogo nacional, al tiempo que expresó preocupación por la paralización administrativa provocada por la Contraloría General de la República.

Álvaro recordó que “la Universidad de Panamá lanzó un señalamiento de ser parte del facilitador del diálogo para buscar una salida a la crisis actual”, subrayando que esta no es una iniciativa aislada, sino que cuenta con el respaldo del Comité Ecuménico, de la Conferencia Episcopal y de otros sectores sociales, como la organización Sal de las Redes y grupos huelguistas que han acudido incluso a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

Evocando el pasado, mencionó que, en mayo de 1958, la universidad fue un punto de referencia para un gran diálogo nacional, liderado entonces por el rector Jaime de la Guardia. “Ese debe seguir siendo el papel de la Universidad de Panamá: un espacio de pluralidad del pensamiento y de construcción de consensos”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que ese rol se ve hoy amenazado por la centralización de los procesos administrativos bajo control de la Contraloría. Según explicó, más de 300 documentos institucionales están a la espera de ser refrendados, lo que ha paralizado proyectos esenciales en centros regionales como Bocas del Toro y San Miguelito, así como programas sociales de resocialización en centros penitenciarios, entre ellos el Centro Femenino, donde las clases se encuentran en riesgo de suspensión por falta de materiales.

“El control centralizado está generando una parálisis total en la universidad a nivel nacional. Incluso, en los próximos días, podrían quedar sin servicio las cafeterías debido al desabastecimiento”, denunció.

El dirigente también hizo un llamado al contralor general, enfatizando que la universidad no es enemiga del gobierno ni de ninguna institución del Estado. “Es una institución que debe jugar un papel de facilitadora, pero necesita autonomía para poder funcionar. No se puede castigar a la universidad por visiones incorrectas de su rol en la sociedad”, señaló.

Asimismo, manifestó su preocupación ante rumores sobre posibles medidas de presión contra los docentes: “No quiero pensar que se llegue al extremo de suspender salarios con el argumento de que ‘el que no trabaja, no cobra’. Si no hay condiciones para operar, no se podrá trabajar”.

Finalmente, reiteró su disposición al diálogo con las autoridades, pero exigió transparencia: “Si algún proceso no cumple con los requisitos, que se diga públicamente y se actúe. La universidad ha aportado más que cualquier otra institución en sus 90 años de historia, y no merece ser frenada por decisiones que parecen más castigos que controles”.

Por: DIRP / Foto: Frank Perea.