El Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá (IMUP) resultó con serios daños en sus instalaciones, producto de la fuerte represión ejercida por unidades de la Policía Nacional durante las protestas registradas el jueves 5 de junio de 2025 en el Campus Octavio Méndez Pereira.

El director de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, Gilberto Marulanda, visitó el IMUP para constatar los daños sufridos en el edificio que dirige la profesora Aracelly De León. Como resultado de esta intervención, la Defensoría denunció una nueva agresión ocurrida dentro del campus universitario, producto de un operativo policial desproporcionado que puso en riesgo la integridad de la comunidad docente, administrativa y estudiantil.

Entre los daños constatados, se destaca un ventanal destruido por el impacto de una bomba lacrimógena. El artefacto atravesó el vidrio con fuerza, se incrustó en una pared de gypsum ubicada frente a la ventana y continuó emitiendo gas lacrimógeno mientras permanecía activo. El calor generado por la bomba, en combinación con materiales inflamables presentes en el entorno, provocó un cortocircuito.

En la zona afectada se observaron vestigios de quemaduras, lo que evidencia que la situación pudo haber escalado a un incendio de gran magnitud, con consecuencias potencialmente fatales tanto para las personas como para las instalaciones.

Debido a la alta contaminación química por gas lacrimógeno y el riesgo eléctrico latente, fue necesario suspender las labores administrativas del IMUP el viernes 6 de junio.

Adicionalmente, se registraron daños parciales en los ventanales de un vehículo oficial perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, igualmente a causa del impacto de una bomba lacrimógena.

Estos hechos fueron documentados por la Defensoría de los Universitarios, en conjunto con personal del Instituto de la Mujer y representantes de la Dirección de Protección Universitaria.

Ante lo sucedido, la Defensoría expresó su profunda preocupación por este patrón reiterado de acciones policiales que no solo comprometen la infraestructura universitaria, sino que también constituyen una amenaza directa a los derechos fundamentales de toda la comunidad universitaria.

Por: DIRP

Foto: Karla Marciaga.