Representantes del Centro de Comunicación y Derechos de Panamá (CeCoDes) valoraron el corte de las comunicaciones telefónicas y vía internet a toda la provincia de Bocas del Toro ordenado por la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo como una medida desproporcionada y vulneradora de los derechos humanos.

En un comunicado, advirtieron que cercenar el acceso a la información es violatorio, no sólo de la Constitución panameña, sino que va en detrimento de los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de las cuales Panamá es parte y que establecen el derecho de todas las personas a informar y estar informadas en todo momento, en especial en situaciones de crisis, con información relevante y oportuna.

La irrupción de las telecomunicaciones, que afecta a unas 200 mil personas en Bocas del Toro, una provincia habitada principalmente por pueblos indígenas y afropanameños, forma parte de las acciones del Presidente de Panamá José Raúl Mulino, para retomar el control de la provincia, una de las más empobrecidas del país, después de 2 meses de protestas en todo el territorio panameño, en rechazo de la Ley No. 462, que transformó las cotizaciones del seguro social de las trabajadoras y trabajadores, en cuentas individuales para ser manejadas en bancos, financieras y administradoras de fondos de pensiones.

Sobre este tema, el CeCoDes subrayó que la violación al derecho humano a la comunicación no solo afecta a la población en Bocas del Toro, sino también a toda la ciudadanía en Panamá, a los medios de prensa, periodistas y a los panameños fuera del país, quienes no pueden comunicarse con sus familiares y amistades en la provincia, ni conocer de fuentes independientes lo que acontece en este conflicto que impacta a 9 provincias y 3 Comarcas Indígenas en Panamá.

Es importante rememorar, que en febrero del año 2012 el actual Presidente José Raúl Mulino, como Ministro de Seguridad, ordenó el corte de las comunicaciones al oriente chiricano, región donde se desarrollaban protestas contra un megaproyecto hidroeléctrico y ahora repite la acción, pero por 4 días más.

Cabe destacar, que la interrupción de las telecomunicaciones va en contra del deber del Estado panameño, de garantizar el acceso a información actual, cierta, verificable y de fuentes diversas y plurales, requisito imprescindible para el ejercicio de los derechos humanos, la participación ciudadana y para la toma de decisiones informadas de todos los sectores de la población, así como de organismos nacionales e internacionales.

La Administradora General de la Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP, Zelmar Rodríguez, informó el pasado sábado 21 de junio que, por mandato del Ministerio de Gobierno, con fundamento en el Decreto de Gabinete No. 27 de 2025 que suprimió las garantías constitucionales, las empresas concesionarias de telecomunicaciones suspendieron a la población las conexiones telefónicas y de internet en todo el territorio bocatoreño desde el 20 de junio, hasta el 25 de junio de 2025.

La situación fue confirmada desde las 9 de la noche del viernes 20 de junio, por el periodista Juan A. Cajar, quien contaba con telefonía satelital y se encontraba en esta provincia, ubicada en la frontera con Costa Rica, desde una semana antes.

El periodista Cajar, en un mensaje, confirmó la suspensión de la telefonía e internet y narró la sensación de miedo e incertidumbre de la población civil, que salió de sus casas a buscar información.

Texto: Claudia Figueroa Pino

Periodista y Profesora Universitaria