La Universidad de Panamá instaló la Comisión Integral e Institucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que será encargada de organizar, elaborar y aplicar el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 500 de 24 de noviembre de 2025, que modificó la Ley 350 de 2022.

El presidente de la Comisión, Rigoberto González Montenegro (designado por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Hernando Franco), explicó que “la creación de este órgano marca el primer paso formal para dar cumplimiento a lo dispuesto por la nueva normativa, la cual incorpora el examen profesional como una de las opciones para que los egresados de la carrera de Derecho obtengan la idoneidad para ejercer la profesión”.

González Montenegro precisó que el artículo 3 de la Ley 500 establece de manera expresa que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UP será la encargada de aplicar el examen profesional, el cual deberá basarse en un temario previamente consensuado y aprobado junto con las demás universidades del país que cuenten con esta carrera. “Este aspecto es fundamental, ya que el legislador quiso un proceso participativo, que evite cuestionamientos y garantice transparencia y consenso académico”, señaló.

En cuanto al impacto del examen en la calidad del ejercicio de la abogacía, el presidente de la Comisión subrayó que se trata de una evaluación distinta a las pruebas académicas regulares. “Es un examen dirigido a personas que ya culminaron su formación universitaria y que aspiran a ejercer la profesión. Su objetivo es constatar que el futuro abogado cuente con los conocimientos mínimos que la ciudadanía espera de quien va a ejercer esta función”, explicó.

Asimismo, aclaró que la Ley 500 delimita claramente a quiénes se aplicará este examen. De acuerdo con la norma, el examen profesional será exigido únicamente a quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la ley, es decir, posterior al 24 de noviembre de 2025. En ese sentido, enfatizó que no corresponde aplicar este nuevo examen a quienes ya culminaron sus estudios o se encontraban realizando trámites de idoneidad bajo el régimen anterior ante la Corte Suprema de Justicia.

“El propósito no es evadir responsabilidades ni generar confusión, sino aplicar correctamente lo que establece la ley. Aquellas personas que ya habían iniciado sus trámites deben concluirlos conforme a las reglas vigentes en ese momento”, indicó, al tiempo que consideró necesario que estos aspectos sean aclarados mediante espacios de diálogo institucional.

Cabe destacar que la Comisión Integral e Institucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está integrada además por Miriam Amores (vicepresidenta) y como miembros, Carlos Bichet, Joél De León, Sara Zeballos, Armando Fuentes y Margareth Mosquera, todos con amplia trayectoria académica y profesional en el ámbito jurídico.

Con la instalación de esta comisión, la Universidad de Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la calidad académica, la transparencia y el rigor en la formación y certificación de los futuros abogados, consolidando su papel como referente nacional en la educación superior y en el desarrollo del sistema de justicia del país. 

Por: Irina Chan Castillo / Foto: Félix Villarreal.