En los estantes de supermercados, bodegas industriales, laboratorios, fincas agrícolas y hogares panameños, los productos químicos forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, gran parte de estas sustancias circulan sin un sistema de etiquetado plenamente armonizado que permita identificar con claridad sus riesgos, su correcta manipulación y las medidas de protección necesarias. Esta brecha normativa coloca a Panamá ante un reto urgente: actualizar su sistema de clasificación y etiquetado de productos químicos para alinearse con los estándares internacionales.

Conscientes de esta necesidad país, la Universidad de Panamá ha asumido un rol protagónico como socio implementador de una iniciativa de las Naciones Unidas, orientada a que el país adopte el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). El proyecto se desarrolla a través del Centro Regional del Convenio de Basilea para Centroamérica y México y del Convenio de Estocolmo, con sede en el Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET).

El primer avance concreto hacia esta meta fue la realización del Taller sobre la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) en Panamá, que reunió a representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de consumidores, academia, investigadores, organizaciones no gubernamentales, así como a sectores de la industria y el comercio. Como parte de este proceso, también se instaló el Comité Técnico Nacional para el SGA, con el objetivo de fortalecer la capacidad del país para implementar este sistema mediante la elaboración de un marco normativo y un plan de acción nacional.

Para la Dra. Hildaura Acosta, una de las impulsoras de esta iniciativa desde la academia, la implementación del SGA no es solo un asunto técnico o regulatorio, sino también un compromiso formativo y social. “Es fundamental que los estudiantes universitarios cuenten con este conocimiento desde su formación, porque al llegar al ejercicio profesional se enfrentan a riesgos reales para los cuales muchas veces no fueron preparados”, explicó. La meta es que esta actualización no se limite a la Universidad de Panamá, sino que alcance a todas las instituciones universitarias del país.

El impacto del etiquetado químico va más allá de las aulas. Según Acosta, una vez fortalecida la base académica, el proceso debe extenderse a los niveles profesionales y gremiales, incluyendo sectores como transporte, áreas laborales, técnicas e industriales. El movimiento de productos químicos a lo largo del país implica riesgos constantes: derrames, accidentes o exposiciones indebidas que pueden afectar tanto a las personas como al ambiente.

Uno de los mayores peligros radica en la información incompleta o incorrecta en las etiquetas. Cuando estas no cumplen con estándares internacionales, los usuarios no logran identificar el nivel de riesgo, el tipo de protección personal requerida, ni las restricciones para personas con condiciones de salud específicas, como problemas respiratorios. “El etiquetado también es una herramienta clave para la protección ambiental, porque de los ecosistemas dependen los alimentos que consumimos”, subrayó Acosta.

El SGA integra y complementa normativas ya existentes en Panamá, como las relacionadas con plaguicidas, y responde a una exigencia de modernización normativa para colocar al país a la vanguardia regional. No se trata de empezar desde cero, sino de armonizar lo ya legislado con un sistema globalmente reconocido.

Desde el ámbito internacional, el consultor del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), Fabián Benzo Moreira, explicó que el proyecto es financiado por la cooperación alemana y tiene una duración aproximada de seis meses. Durante este período se desarrollan talleres de capacitación, reuniones técnicas y la conformación de un comité encargado de elaborar la norma nacional que respalde la implementación del SGA en Panamá.

Benzo destacó que los beneficios del sistema son múltiples: mayor seguridad y salud para los usuarios y consumidores, mejor protección ambiental y la integración de Panamá a un lenguaje común internacional para la clasificación y comunicación de peligros químicos. “La mayoría de los países de la región del SICA ya tienen implementado este sistema. Panamá está dando ahora un paso importante para integrarse plenamente a ese contexto global”, afirmó.

Uno de los pilares del SGA es el reconocimiento del consumidor como actor clave. Los productos químicos están presentes en la vida diaria de todas las personas, por lo que la divulgación de la simbología y el significado de las etiquetas es esencial. Experiencias internacionales demuestran que materiales didácticos en escuelas, campañas en supermercados y espacios públicos contribuyen a que la población maneje estas sustancias de forma más segura.

Desde el sector gubernamental, el director general de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, Michael Trosh, resaltó que la iniciativa permite armonizar a Panamá con otros países y regular de manera efectiva el etiquetado químico. “La participación de todos los sectores, públicos y privados, garantiza que la norma sea aplicable, ejecutable y no se quede solo en un documento”, señaló.

En la misma línea, el subdirector general de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Juan José Lezcano, destacó que la creación de un comité técnico nacional constituye un paso decisivo para la aprobación del reglamento. Este proceso fortalecerá el cumplimiento de convenios internacionales y mejorará el intercambio de información sobre el uso y manejo de productos químicos. Según Lezcano, la promulgación del reglamento podría concretarse en menos de un año.

Cabe destacar que el proyecto contempla, además, la elaboración de un borrador de norma que será sometido a consulta pública, así como un plan de acción nacional que se desarrollará de forma paralela. Para ello, se realizarán giras a todas las regiones del país, apoyadas en la red de sedes regionales de la Universidad de Panamá, una plataforma que facilita el acercamiento con comunidades, sectores productivos y actores institucionales.

Más allá de la normativa, la iniciativa refuerza el rol social de la universidad en la sensibilización y educación de la población. El trabajo con comunicadores, docentes y la Facultad de Educación busca que el conocimiento sobre los riesgos químicos no se limite a los adultos, sino que llegue también a niños y jóvenes, reduciendo intoxicaciones en el hogar y promoviendo una cultura de prevención desde edades tempranas.

La actualización del etiquetado de productos químicos no es solo una deuda normativa, sino una oportunidad para fortalecer la salud pública, la seguridad laboral, la protección ambiental y la educación ciudadana. Con el liderazgo de la Universidad de Panamá y el respaldo de organismos internacionales y entidades del Estado, el país avanza hacia un modelo más seguro, informado y alineado con los estándares globales.

Por: Irina Chan Castillo / Foto: Félix Villarreal y Canva Pro.