El conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán, así como sus repercusiones sobre el cierre del estrecho de Ormuz, comienza a generar efectos en la economía global, con impactos directos en Panamá, particularmente en el comportamiento de los precios y el poder adquisitivo de la población.
A partir de un análisis realizado por especialistas de la Universidad de Panamá, y publicado en el Semanario La Universidad, los expertos coinciden en que el actual escenario internacional ha provocado un aumento sostenido en los costos de bienes y servicios, lo que se traduce en una presión inflacionaria que afecta a distintos sectores del país.
Charlyn Marmolejo, economista e investigadora del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), advirtió que en la última semana el precio del combustible registró un incremento del 12 %, con una tendencia que apunta a continuar al alza. A esto se suma el aumento en productos esenciales como alimentos, que han subido entre un 5 % y un 7 %, y medicamentos, cuyos precios han alcanzado incrementos de hasta un 12 %.
“La situación es preocupante porque las autoridades no han logrado establecer políticas efectivas para reducir o congelar los precios”, señaló Marmolejo, quien explicó que el encarecimiento del combustible impacta directamente en cadenas de valor como el transporte, los alimentos, los servicios y el sector salud.
La investigadora también introdujo el concepto de “inflación percibida”, un fenómeno que refleja la sensación de los consumidores frente al aumento constante de precios, especialmente en productos de consumo frecuente, lo que amplifica la percepción de pérdida del poder adquisitivo.
En la misma línea, Sigerico Ortiz González, profesor de la Facultad de Economía, subrayó que el encarecimiento de los derivados del petróleo repercute en los costos de producción a nivel general. Indicó que, si bien existen subsidios estatales para ciertos combustibles como el diésel y la gasolina de 91 octanos, otros segmentos de consumidores, como los usuarios de gasolina de 95 octanos, asumen tanto el incremento directo de precios como el impacto indirecto de estas medidas.
Por su parte, Rogelio Rubatino Santizo advirtió que la coyuntura internacional también está siendo aprovechada por agentes especulativos para elevar los precios, lo que agrava la situación económica de la población. En ese sentido, hizo un llamado a la implementación de políticas públicas que contribuyan a mitigar el deterioro del poder adquisitivo.
Rubatino alertó, además, que el agravamiento de las condiciones económicas podría derivar en tensiones sociales, recordando que en contextos anteriores el Estado panameño ha logrado aplicar medidas que amortiguan el impacto en los sectores más vulnerables.
El profesor Cándido Jordán destacó que durante la pandemia de COVID-19, bajo la administración del entonces presidente Laurentino Cortizo, se implementaron políticas que permitieron estabilizar el precio del combustible. A su juicio, la actual coyuntura podría ser declarada como prioridad nacional para replicar estrategias similares que contribuyan a la contención de la inflación.
Finalmente, Reyes Arturo Valverde Batista señaló que, tras cinco semanas de conflicto, los efectos ya son visibles en la economía panameña. El incremento del barril de petróleo —que ha pasado de 60 a más de 100 dólares— ha elevado el costo de vida, afectando principalmente a los sectores de menores ingresos.
“El aumento en la canasta básica, el combustible, medicamentos y servicios impacta con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables”, afirmó el economista, quien también destacó que el Gobierno ha optado por subsidiar áreas como el transporte y la pesca, aunque enfrenta el reto de equilibrar estas medidas con la sostenibilidad fiscal.
Los especialistas coinciden en su análisis, publicado recientemente en el semanario La Universidad, que la evolución del conflicto y del mercado energético internacional será determinante para el comportamiento de la economía nacional en los próximos meses, en un contexto que exige respuestas oportunas desde la política pública y la planificación económica.

Texto: Redacción DIRP y Carlos Caballero / Semanario La Universidad