La evolución jurídica de la Universidad de Panamá pasó por decretos, artículos constitucionales y leyes, su estudio permite comprender su dinámica. En este sentido, cada momento histórico – y dentro de el, cada Gobierno – tiene una concepción diferente de la Universidad de Panamá, de tal forma que, esta institución no es ajena a los vaivenes políticos del país y, a pesar de sus más de noventa años, aún no alcanzamos la senectud. En esta evolución jurídica, la Constitución de 1946 ocupa un lugar excepcional, como lo planteó Oscar Ceville (2003): “La tercera Constitución Política de la era republicana, aprobada el 1 de marzo de1946, prestará mayor atención al tema de la educación superior” (p.7). Su importancia no consiste únicamente en haber reconocido la autonomía universitaria, sino en haberla incorporado a una concepción más amplia de la República, fundada en los derechos sociales, las libertades públicas, la separación de los poderes y las garantías institucionales.

La Universidad Nacional de Panamá fue creada mediante el Decreto 29 del 29 de mayo de 1935, expedido durante el gobierno de Harmodio Arias Madrid y publicado en la Gaceta Oficial 7066 del 30 de mayo de ese año. Este documento constituye el punto de partida de su evolución jurídica. El artículo primero establecía: “Créase la Universidad Nacional de Panamá la cual tendrá por base un colegio Central de Artes y Ciencias” (Decreto 29 de 1935, art. 1). El decreto organizaba los cursos iniciales, establecía autoridades académicas y disponía el comienzo de las labores universitarias el 3 de octubre de 1935. No obstante, la Universidad surgió bajo un modelo de organización en el que el Poder Ejecutivo conservaba atribuciones importantes. El artículo 9 del decreto señalaba: “El Poder Ejecutivo señalará por decreto separado el personal docente y administrativo que exija el funcionamiento de la Universidad” (Decreto 29 de 1935, art. 9). Esta disposición permite identificar las limitaciones iniciales de la independencia universitaria. La institución nacía como una obra del Estado, pero todavía no contaba con las garantías constitucionales que posteriormente definirían su autonomía. La fundación de 1935 y la Constitución de 1946 representan, por consiguiente, dos momentos claves. En el primero se crea la Universidad y en el segundo se reconoce constitucionalmente su capacidad para organizarse.

La Constitución de 1946 fue el resultado de un proceso constituyente desarrollado después de la crisis del orden constitucional de 1941. La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 15 de junio de 1945 y aprobó la nueva Carta Magna el 1 de marzo de 1946. En su estudio “Evolución constitucional desde la separación de Panamá”, publicado en la Nueva historia general de Panamá, Miguel Antonio Bernal examina este proceso y destacó la legitimidad democrática de aquella experiencia constituyente. Al caracterizar la Constitución de 1946, reproduce una valoración que la considera: “la más ponderada y democrática que ha tenido Panamá en su llamada era republicana” (Bernal, 2019, p. 61).

La transición de 1941 a 1946 exige distinguir innovación social y legitimidad democrática. Giannareas y Rodríguez Robles (2017) explican que la Constitución de 1941 incorporó derechos sociales y nuevas garantías, pero señalan que su orientación fue la de una “Constitución social autoritaria” (p. 136). En 1946, por el contrario, la ampliación de derechos estuvo acompañada de una experiencia constituyente más representativa.

Cabe mencionar a Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari y José Dolores Moscote como integrantes de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto constitucional. El mérito de los juristas que prepararon el anteproyecto de 1946 debe examinarse junto con el trabajo de la Asamblea Constituyente. Giannareas y Rodríguez Robles (2017) subrayan que, en materia de derechos sociales, “los aportes de los constituyentes son más sobresalientes” (p. 141). La elección de 1945 de los constituyentes permitió la participación y representación política plural. Por ello, la grandeza de aquella Constitución no puede atribuirse exclusivamente a Alfaro, Chiari y Moscote. El artículo 86 de la Constitución de 1946 representó uno de los momentos fundamentales de la historia de la Universidad de Panamá. Su formulación establecía: “La Universidad oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo” (Constitución Política de 1946, art. 86). Esta disposición transformó el fundamento jurídico de la institución. La autonomía ya no dependía exclusivamente de las decisiones administrativas del gobierno, sino que adquiría reconocimiento constitucional. El mismo artículo añadía: “Incluirá en sus actividades el estudio de los problemas nacionales y la difusión de la cultura popular” (art. 86). El artículo 87 incorporó una garantía adicional: “Para hacer efectiva la autonomía económica de la Universidad, el Estado la dotará de lo indispensable para su instalación, funcionamiento y desarrollo futuros” (Constitución Política de 1946, art. 87). Los constitucionalistas reconocieron que la autonomía no podía limitarse a una declaración formal. Una universidad sin recursos suficientes estaría expuesta a depender de decisiones políticas presupuestarias capaces de condicionar su funcionamiento. Por ello, la Constitución estableció una responsabilidad económica del Estado. La autonomía financiera no significaba que la Universidad debiera sostenerse exclusivamente mediante ingresos propios, sino que debía contar con los medios materiales necesarios para cumplir sus funciones. El artículo 88 completaba este conjunto de garantías: “Se reconoce la libertad de cátedra sin otras limitaciones que las que, por razones de orden público, establezca el Estatuto Universitario” (Constitución Política de 1946, art. 88). La libertad de cátedra constituye una condición esencial de la vida universitaria porque protege la posibilidad de enseñar, investigar y discutir conocimientos sin someterlos a una doctrina oficial.

La articulación de estos tres artículos muestra la profundidad de la concepción universitaria de los constituyentes de 1946. La autonomía institucional, la garantía económica y la libertad de cátedra aparecen relacionadas entre sí. Ninguna resulta suficiente por separado, una universidad necesita capacidad de decisión, recursos y libertad intelectual para cumplir su responsabilidad social. La Constitución de 1946 no solamente protegió a la Universidad frente a determinadas formas de intervención gubernamental. También estableció una concepción de la educación superior vinculada con el interés nacional, la cultura popular y el pensamiento independiente. Allí reside una parte fundamental de su legado. La relación entre derechos sociales y autonomía universitaria aparece con especial claridad en el contraste estudiado por Giannareas y Rodríguez Robles (2017), al recoger el balance de las novedades de 1946, señalan, en materia educativa, “un régimen de autonomía cultural y financiera para la Universidad oficial” (p. 142). Este reconocimiento formaba parte de una ampliación más extensa del constitucionalismo social, la autonomía universitaria fue parte de un proyecto republicano.

Para comprender la evolución de la Universidad de Panamá es indispensable considerar la ruptura jurídica producto del golpe militar en 1968, el cual no fue solo un cambio de gobierno, modificó las relaciones entre los órganos del Estado y alteró las condiciones políticas en que podían ejercerse las libertades públicas y la autonomía universitaria. Miguel Antonio Bernal caracterizó aquel acontecimiento de la siguiente manera: “El golpe de Estado de 11 de octubre de 1968 produce en Panamá una ruptura profunda con la autoridad de la Constitución y la ley” (Bernal, 2019, p. 64). Su interpretación establece una diferencia entre la legitimidad del proceso constituyente de 1946 y las condiciones políticas que dieron origen al orden constitucional de 1972. Mientras el primero había surgido de una Asamblea Constituyente elegida para deliberar sobre la organización republicana, el segundo fue elaborado en el contexto de un régimen militar que había concentrado importantes atribuciones estatales. La Constitución de 1972 entró en vigor el 11 de octubre de ese año. Bernal recuperó una valoración de César Quintero, quien la calificó como: “el más atípico y peculiar que haya regido en Hispanoamérica” (Quintero, citado en Bernal, 2019, p. 64). La particularidad de aquella Constitución residía, entre otros aspectos, en la configuración de un régimen político que reconocía expresamente atribuciones extraordinarias al general Omar Torrijos Herrera. El problema no era solamente la organización formal de los poderes públicos, sino la relación efectiva entre las instituciones constitucionales y el poder militar. Bernal reproduce también una valoración de Carlos Bolívar Pedreschi, quien sostuvo que la Constitución de 1972 tenía una orientación contradictoria: “en lo económico, la Constitución de 1972 es una Constitución liberal; y en lo político, la Constitución de 1972 es una Constitución antidemocrática” (Pedreschi, citado en Bernal, 2019, p. 65).

Después del golpe de Estado de 1968, el Decreto de Gabinete 144 del 3 de junio de 1969 reorganizó la institución bajo una estructura en la que el Gobierno conservaba importantes atribuciones, particularmente el nombramiento del rector por el Órgano Ejecutivo y la presidencia del Consejo Directivo por el ministro de Educación (Decreto de Gabinete 144, 1969, arts. 9 y 10). Sin embargo, durante la misma etapa de conducción política del general Torrijos, la Ley 11 del 8 de junio de 1981 introdujo una transformación significativa al establecer el Consejo General Universitario como máximo organismo de gobierno y atribuirle la elección del rector por un período de cinco años (Ley 11, 1981, arts. 11 y 24). Como señala Ceville (2005, p. 18), esta legislación apuntaba “fundamentalmente a la democratización del sistema interno”. Posteriormente, después de la invasión imperialista de 1989, la Ley 6 del 24 de mayo de 1991 profundizó este proceso al establecer la elección directa, secreta y ponderada del rector, los decanos y las autoridades de los centros regionales, con participación de profesores, estudiantes y administrativos, además de reducir a tres años el período de ejercicio de las autoridades universitarias (Ley 6, 1991, arts. 2-4). Ceville (2005, p. 18) destacó que esta reforma amplió la participación electoral, aunque mantuvo una ponderación diferenciada que otorgaba mayor peso a los profesores regulares. De este modo, la Universidad pasó de una organización con fuerte intervención gubernamental a un sistema de representación colegiada.

La Constitución de 1972 experimentó sucesivas reformas que modificaron considerablemente su configuración original. La instauración de la democracia representativa y las transformaciones institucionales posteriores a 1989 hicieron posible revisar las relaciones entre el Estado, la sociedad y las instituciones públicas. En este contexto debe situarse la Ley 24 del 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, publicada en la Gaceta Oficial 25344 del 18 de julio de ese año, durante la presidencia de Martín Torrijos Espino, hijo del general Torrijos, figura central del régimen político surgido del golpe de Estado de 1968 y del orden constitucional establecido en 1972.  La Ley fue resultado de un proceso institucional que involucró a la Universidad, sus autoridades, la comunidad universitaria y los órganos del Estado. El artículo primero de la Ley 24 define a la Universidad de Panamá como una institución que: “tiene carácter popular; está al servicio de la nación panameña, sin distingo de ninguna clase” (Ley 24 de 2005, art. 1). Esta formulación recupera una dimensión social que ya estaba presente en el constitucionalismo de 1946. La Universidad no es concebida como una institución destinada exclusivamente a la formación de determinadas profesiones únicamente, sino como un organismo público al servicio de la sociedad. Son dos concepciones distintas y pueden ser complementarias. El mismo artículo establece que la institución posee: “un régimen de autonomía consagrado en la Constitución Política de la República de Panamá, con personería jurídica y patrimonio propio” (art. 1). El artículo 4 incorpora, además, una obligación que merece especial atención: “La Universidad de Panamá es responsable ante el Estado y la sociedad del principio de transparencia y rendición de cuentas de su gestión” (Ley 24 de 2005, art. 4). Esta disposición introduce una relación necesaria entre autonomía y responsabilidad pública. La independencia institucional no significa ausencia de controles ni exención del deber de informar sobre el uso de los recursos públicos. La autonomía protege la capacidad de la Universidad para tomar decisiones académicas e institucionales dentro del ordenamiento jurídico. Otro aspecto no menos importante con respecto a esta Ley es la duración del rectorado, en la de 1991 es de tres años sin reelección inmediata de “quien haya ejercido el cargo por más de tres años” (art.2); en cambio, en la de 2005 es de cinco años con la reelección permitida.

La evolución jurídica de la Universidad de Panamá permite identificar tres grandes momentos de transformación institucional, precedidos por el acontecimiento fundacional de 1935, cuando el gobierno de Arias Madrid creó la Universidad Nacional mediante el Decreto 29 del 29 de mayo de ese año. El primer momento decisivo se produjo con la Constitución de 1946, que reconoció la autonomía universitaria, otorgándole una garantía jurídica superior a las disposiciones administrativas y vinculándola con la libertad de cátedra, el financiamiento público y la responsabilidad de estudiar los problemas nacionales (Constitución Política de 1946, arts. 86-88). El segundo momento corresponde al período militar, entre el Decreto de Gabinete 144 de 1969 y la Ley 11 de 1981, ambos desarrollados bajo la conducción política del general Torrijos. Durante esta etapa se pasó de una organización caracterizada por una fuerte intervención, particularmente en el nombramiento del rector y regentes, a una estructura de gobierno colegiado que otorgó al Consejo General Universitario la facultad de elegir a la máxima autoridad académica. El tercer momento se produjo con la Ley 6 de 1991, que profundizó la democratización institucional mediante el establecimiento del voto universal, directo, secreto y ponderado de la comunidad universitaria para elegir al rector y otras autoridades. Estos cambios encontraron posteriormente un nuevo desarrollo en la Ley Orgánica de 2005, que reafirmó la autonomía y estableció mayores responsabilidades institucionales, extendió el periodo rectoral y permitió la reelección.

Referencias bibliográficas

Asamblea Legislativa de Panamá. (1991, 24 de mayo). Ley 6, por la cual se reforman y derogan artículos de la Ley 11 de 8 de junio de 1981 y se dictan otras disposiciones. Gaceta Oficial de la República de Panamá, núm. 21 793.

Asamblea Nacional de Panamá. (2005). Ley 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá. Gaceta Oficial n.º 25344, 18 de julio de 2005.

Bernal, M. A. (2019). Evolución constitucional desde la separación de Panamá. En A. Castillero Calvo (Dir.), Nueva historia general de Panamá (vol. III, t. 1, pp. 55 y ss.). Editora Novo Art.

Ceville, O. (2005). Evolución del régimen jurídico de la educación superior en la República de Panamá. Universidad Tecnológica de Panamá.

Consejo Nacional de Legislación. (1981, 8 de junio). Ley 11, por la cual se reorganiza la Universidad de Panamá. Gaceta Oficial de la República de Panamá, núm. 19 336.

Giannareas, J., & Rodríguez Robles, S. (2017). Orígenes, evolución y actualidad del constitucionalismo social panameño. En Influencia extranjera y trascendencia internacional. Derecho comparado (pp. 127–216). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Junta Provisional de Gobierno. (1969, 3 de junio). Decreto de Gabinete 144, por el cual se reorganiza la Universidad de Panamá. Gaceta Oficial de la República de Panamá, núm. 16 382.

República de Panamá. (1935). Decreto 29 de 29 de mayo de 1935, por el cual se crea la Universidad Nacional de Panamá. Gaceta Oficial n.º 7066, 30 de mayo de 1935.

República de Panamá. (1946). Constitución Política de la República de Panamá. Gaceta Oficial n.º 9938, 4 de marzo de 1946.

República de Panamá. (1972). Constitución Política de la República de Panamá. Gaceta Oficial n.º 17210, 24 de octubre de 1972.

* Estas reflexiones forman parte del proyecto de investigación: “FORJANDO EL ESPÍRITU DE LA REPÚBLICA. REFLEXIONES HISTÓRICAS EN TORNO A LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (1935-1968)”. Código: VIP-15-2026-485. Universidad de Panamá.

Texto: Abdiel Rodríguez Reyes / Catedrático en el Departamento de Filosofía e investigador en el SNI de la SENACyT

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