El viernes 9 de octubre me encontraba en un auditorio de la Extensión Universitaria de Aguadulce de la Universidad de Panamá, participando en un interesante foro académico dedicado a las artes. Allí estábamos estudiantes, docentes, investigadores y especialistas, reunidos para compartir conocimientos, escuchar distintas perspectivas y reflexionar. Era uno de esos espacios universitarios que nos recuerdan que el conocimiento no se construye en soledad, sino mediante el diálogo, el estudio, el intercambio de ideas y la investigación.

Ese mismo viernes, Panamá experimentó un fuerte terremoto que nos obligó a mirar nuestra realidad desde otra perspectiva. Cuando la tierra tiembla, nuestras prioridades cambian de inmediato. Queremos saber dónde ocurrió el sismo, cuál fue su magnitud, si pueden producirse réplicas, qué zonas están expuestas y qué medidas debemos tomar. En medio de la incertidumbre, buscamos respuestas confiables.

Y entonces ocurre algo que, desde mi perspectiva, resulta profundamente revelador: volvemos la mirada hacia la ciencia.

Los medios de comunicación buscan a especialistas capaces de explicar lo sucedido. Desde aquel día hemos visto y escuchado a profesionales de distintas instituciones, entre ellas el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. Son personas que han dedicado años al estudio de nuestro territorio, al análisis de los fenómenos naturales y a la comprensión de los riesgos que enfrentamos.

De pronto, el conocimiento científico ocupa un lugar central en la conversación pública. Escuchamos con atención a quienes investigan, analizan datos y nos ayudan a comprender fenómenos que no podemos controlar, pero frente a los cuales sí podemos prepararnos mejor. Decimos que hay que ver y escuchar las fuentes confiables, nos convertimos en esa fuente.

Sin embargo, hay una pregunta que no deberíamos dejar pasar cuando termine la emergencia: ¿nos acordamos de quienes investigan cuando la tierra deja de temblar?

La ciencia no comienza el día del desastre. Mucho antes de que ocurra un terremoto, hay profesionales registrando movimientos sísmicos, estudiando fallas geológicas, analizando información, formando estudiantes y manteniendo instrumentos que permiten conocer mejor nuestro territorio.

Ese trabajo, muchas veces silencioso y poco visible, es precisamente el que hace posible ofrecer respuestas cuando la población más las necesita. Investigar no es un lujo académico ni una actividad reservada para quienes desean publicar artículos científicos. Investigar significa producir conocimientos que pueden ayudar a proteger vidas, comprender problemas, anticipar riesgos y tomar decisiones mejor fundamentadas.

Por eso resulta preocupante que la inversión en ciencia, tecnología y educación superior enfrente restricciones presupuestarias. Las discusiones sobre la reducción de recursos destinados a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y a las universidades públicas deberían llevarnos a una reflexión más profunda sobre el lugar que ocupa la investigación en nuestras prioridades nacionales. No podemos esperar respuestas científicas oportunas durante una emergencia sin reconocer que detrás de ellas existen años de formación, investigación, infraestructura y trabajo especializado que requieren financiamiento sostenido. ¿Cómo podemos exigirle a la ciencia que responda cuando más la necesitamos si no garantizamos las condiciones para que pueda desarrollarse?

Sabemos que los presupuestos públicos implican establecer prioridades y distribuir recursos entre numerosas necesidades. Pero precisamente por eso debemos preguntarnos qué lugar ocupa la investigación entre esas prioridades. ¿Cuánto cuesta sostenerla? Y, sobre todo, ¿cuánto puede costarnos no haber investigado lo suficiente?

La importancia de la ciencia tampoco se limita a los terremotos. Necesitamos investigación para comprender las enfermedades, los efectos del cambio climático, la disponibilidad de agua, el deterioro de nuestro patrimonio, las transformaciones sociales y los desafíos educativos.

Y cuando hablamos de investigación, no debemos pensar únicamente en laboratorios, equipos tecnológicos o estudios geológicos. También necesitamos a quienes investigan en Historia, Filosofía y Ciencias Sociales. Sus trabajos nos permiten comprender cómo hemos llegado hasta aquí, examinar críticamente nuestras decisiones, interpretar los procesos que han marcado nuestra sociedad y preguntarnos qué país queremos construir.

La investigación también se desarrolla en los archivos históricos, las bibliotecas, las comunidades, los museos, los estudios ambientales y las aulas universitarias. Cada disciplina, desde sus métodos y preguntas particulares, contribuye a comprender mejor la realidad.

Como docente, considero fundamental transmitir esta idea a nuestros estudiantes: investigar no es simplemente cumplir un requisito para obtener un título universitario. Es aprender a formular preguntas relevantes, buscar evidencias, cuestionar nuestras propias certezas, reconocer lo que todavía desconocemos y aportar, desde cada campo del saber, al bienestar de la sociedad.

Lo ocurrido aquel viernes también nos recuerda que las universidades públicas, los centros de investigación y las instituciones dedicadas a la producción de conocimiento no son únicamente espacios donde se imparten clases. Son lugares donde se forman especialistas, se generan conocimientos y se desarrollan capacidades que el país necesita, tanto en momentos de emergencia como en la vida cotidiana.

Mi pregunta inicial no pretende desconocer la responsabilidad de las autoridades políticas. Por el contrario, necesitamos que las decisiones públicas se apoyen en conocimientos científicos y que existan políticas capaces de sostener la investigación a largo plazo. La ciencia y la política tienen responsabilidades diferentes, pero el bienestar de la población exige que ambas trabajen de manera complementaria.

Ojalá que, cuando pase el temor y recuperemos la tranquilidad, no olvidemos a quienes buscamos para comprender lo que estaba ocurriendo. Que recordemos también a quienes, lejos de las cámaras y los titulares, continúan investigando, enseñando y formando a las próximas generaciones de profesionales.

Porque si esperamos a que la tierra tiemble para reconocer cuánto necesita Panamá a su comunidad científica, el costo de esa indiferencia puede ser demasiado alto.

Texto: Dra. Guillermina-Itzel De Gracia / Antropóloga

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