El pasado 6 de agosto del 2025, uno de los titulares de La Prensa decía: “Presupuesto 2026: fuerte ajuste golpea a universidades del Estado”. Esto de hecho llamó la atención de la población panameña y, por ende, a los universitarios del país, ya que a razón del proyecto de presupuesto presentados por el gobierno nacional ante el pleno de la Asamblea Nacional para el nuevo año 2026, éste a todas luces enviaba un mensaje claro y directo a las universidades oficiales del país en el sentido de que las instancias académicas “tendrán que avanzar y hacer más con menos recursos”, en cuanto a la academia, tecnología, formación, extensión, investigación y gestión como instituciones de educación superior.

Bajo una lógica y discurso político de aplicar recortes sustanciales en materia presupuestaria a las universidades estatales del país, se planteó asignarle solamente unos B/. 590 millones para el 2026, a diferencia de los B/. 746.3 millones aprobados para el año en curso 2025; reflejando con número redondos una clara reducción de B/. 156 millones que en la práctica afectará grandemente a la mayoría de estas instituciones académicas y de enseñanzas a nivel superior.

Sin embargo, en el caso de la Universidad de Panamá, por ser esta la más grande en todo el territorio nacional, que ha graduado a la fecha a más de 330 mil profesionales, será muy afectada ya que, luego de haber recibido B/. 395.3 millones para 2025, ahora apunta a recibir solamente B/. 317.5 millones para el 2026. Este recorte presupuestario de unos B/. 78 millones, sin lugar a dudas afectará grandemente el año entrante a la máxima casa de estudios Octavio Méndez Pereira que recibirá a nivel nacional más de 90 mil estudiantes.

El escenario que se ve venir para el resto de las universidades públicas es algo delicado, trágico y asfixiante ya que, a excepción de la UNACHI, que reflejó un pequeño aumento de (B/. 0.7 millones)a los 72 millones a la fecha aprobados para el año en curso 2025, para el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá que este año 2025 recibió B/. 198 millones, espera recibir para el año entrante solo B/. 144 millones, la Universidad Marítima de los B/. 23.2 millones para el año en curso, ahora recibirá 18.1 millones para el 2026; en el caso de la Universidad Especializada de Las Américas de B/. 54 millones, ahora recibirá 36.2 millones para el próximo año y la de Universidad de los Pueblos Indígenas de B/. 3.8 millones ahora recibirá B/. 1.5 millones

Ahora bien, enfocándonos más allá del delicado tema presupuestario, es necesario reflexionar y de paso avizorar más allá de estas determinaciones gubernamentales de corte político y económico, ya que, a nuestro entender esto responde a un plan estratégicamente diseñado por el neoliberalismo que en apego a lo planteado por el Consenso de Washington vienen año tras año aplicando el asedio contra las universidades públicas y/o estatales de América Latina y el Caribe.

En ese contexto de ideas, al reconocer alguna divergencia en las acciones y en los discursos de quienes actualmente orientan las propuestas de “cambio educativo” hacia América Latina y el Caribe, entre la “retórica y el discurso” muchas de las propuestas comunes van orientadas a políticas de ajustes estructurales y económicos a aplicar en la esfera educacional pública, expresando con ello la particularidad que asumen frente a lo planteado por el Consenso de Washington en áreas prioritarias y de reforma social impulsada por el neoliberalismo. Podemos decir entonces que, este conjunto de discursos, ideas y propuestas sintetiza lo que podría ser definida como la forma neoliberal de pensar y diseñar la reforma educativa y los planes a seguir a nivel superior en la América Latina y el Caribe a partir de los años 90.

Al respecto, la obra Tendencias de privatización y mercantilización de la universidad en América Latina: Los casos de Argentina, Chile, Perú y República Dominicana de octubre de 2019, brevemente describe que: “Los estudios sobre la privatización de la educación adquieren fuerza en los ´90, al compás del Consenso de Washington y sus mandatos de liberalización, desregulación y privatización. Las reformas neoliberales impulsadas para el sector y la inquietud por el desarrollo de las primeras políticas de privatización de la educación fueron el puntapié inicial de estos estudios, que luego se ampliaron al tiempo que los tratados de libre comercio se expandían y las políticas de privatización tales como los Boucher escolares, las escuelas charters y las empresas de servicios educativos, entre otros se multiplicaban”.

El pasado año 2024, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), puso este tema en el escenario del debate y la reflexión, mediante un importante evento realizado en la Habana Cuba, donde el análisis y la preocupación puso en primera línea la defensa de la educación superior y particularmente la de las universidades públicas entendidas como “lugares estratégicos y protagónicos para el desarrollo profesional y científico de los países”.

De modo que, llevar al tapete la discusión sobre los nuevos desafió de la educación superior en términos de calidad y pertinencia, pero también cuál es el vínculo de la educación superior con los grandes desafíos en materia de desigualdades para la región latinoamericana y caribeña, fueron parte de los ejes del debate en el seno de CLACSO.

“Estamos en un momento muy complejo para América Latina y el Caribe, no solamente en Argentina, sino también en otros países de la región; apuntó en ese momento la socióloga Uruguaya Karina Batthyány, Directora General de CLACSO en febrero de 2024. Expresando además que: “Las universidades públicas están siendo asediadas en dos dimensiones que son preocupantes”. Una es la asfixia presupuestal a la que se somete a la educación superior pública, que atenta directamente contra el derecho a la educación superior en términos generales para todos y todas y a lo largo de toda la vida”.

Hay una fuerte tensión, con el cierre de programas, particularmente en ciencias sociales, y la persecución directa en muchos países a colegas, profesores y profesoras que trabajan en el ámbito de las ciencias sociales: restricciones a la libertad de expresión y de pensamiento, lo que influye también en las agendas de investigación y en la producción y creación de conocimiento. A su vez, a esto se suma una tendencia regional y mundial de mercantilización y privatización de la Educación Superior, que en muchos casos se ha convertido en un negocio. Hay actores económicos muy fuertes tratando de apoderarse de la educación terciaria, puntualizó Karina Batthyány.

Para ese mismo año 2024, el rector de la Universidad Arturo Prat (UNAP) de Chile, Alberto Martínez Quezada, en una entrevista manifestó que: “La educación pública es un pilar para el desarrollo social, económico y cultural. Forma personas con amplio sentido crítico, compromiso con el bienestar territorial y colectivo, lejos de la individualidad propia del mercado. Por ello, implementar pronto medidas que fortalezcan la educación pública y que eviten su grave debilitamiento es urgente para una sociedad más justa, con mayor movilidad social, para formar jóvenes en áreas de su interés y que el país requiere; no según lo que la oferta les impone”.

Todo lo anterior, en efecto describe claramente las formas en que se están impulsando estos procesos hacia la educación superior, toda vez que en esa avanzada neoliberal tienden a diluirse las diferencias existentes entre lo público y lo privado, y, al mismo tiempo, el sector económico y privado poco a poco se apropia y redefine a su favor algunas banderas históricas de la universidad pública, como lo ha sido la democracia institucional, la autonomía y su rol en la democratización del acceso a la educación superior.

Esto de hecho plantea interesantes retos y desafíos a los estamentos universitarios (estudiantes, administrativos y profesores), al pueblo panameño en caso de las universidades del país y por ende a otros pueblos de América Latina y del Caribe, que con sus impuestos sostienen las universidades públicas; a los gremios organizados a nivel de sindicatos, profesionales y al resto de las organizaciones comprometidas con la educación pública, con la igualdad, la justicia y los derechos sociales; ya que a nuestro entender, lo que está en juego no es sólo el sistema educativo y superior a nivel universitario en sí, sino que también está en juego su rol en la construcción de hegemonía, el predominio intelectual, moral, político y cultural en una sociedad y su enorme capacidad de incidencia, conciencia crítica y de orientación en las políticas públicas.

Félix E. Villarreal V.