El Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá realizó la primera Cátedra Itinerante Clara González 2026, bajo el tema “¿Quién gana cuando se elimina el Ministerio de la Mujer, y ahora qué…?”, un espacio académico y de reflexión que reunió a destacadas juristas, académicas y exfuncionarias públicas para analizar las implicaciones de la posible transformación del Ministerio de la Mujer en un instituto, propuesta que fue calificada como un retroceso en materia de derechos humanos e igualdad de género.

Durante el encuentro, las panelistas coincidieron en que reducir el Ministerio de la Mujer a un instituto no constituye un ajuste técnico, sino una decisión política que debilita la rectoría del Estado en materia de igualdad de género y pone en riesgo los derechos conquistados por las mujeres panameñas tras décadas de lucha.

La exministra de la Mujer, Juana Herrera, recordó que la creación del ministerio es el resultado de más de 40 años de demandas del movimiento de mujeres, cuyas raíces se remontan incluso a las luchas encabezadas por Clara González en el siglo pasado, por el derecho al voto, la educación y la participación plena de las mujeres como ciudadanas.  “Somos producto de generaciones de mujeres que pelearon por este ministerio, pretender reducirlo es una forma de violencia y un mensaje negativo para la sociedad, como si los derechos de las mujeres no tuvieran valor”, afirmó.

Herrera subrayó que el Ministerio de la Mujer cuenta con una política pública aprobada por más de 100 instituciones y organizaciones sociales, con mecanismos de seguimiento y evaluación, y cuestionó que se pretenda responsabilizar a la institución sin evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por otras entidades del Estado. Además, señaló que el presupuesto asignado al ministerio representa apenas el 0.05 % del presupuesto general del Estado, lo que, a su juicio, no justifica su eliminación.

Por su parte, la exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño advirtió que, aunque el proyecto legal enfatice la creación de una nueva entidad, jurídicamente implica la eliminación del ministerio, lo cual contradice el principio de progresividad de los derechos humanos. “Cuando un país alcanza un nivel de jerarquía institucional para proteger derechos, no puede retroceder”, sostuvo, al tiempo que hizo un llamado a los diputados y diputadas a respetar los compromisos internacionales asumidos por Panamá.

Arosemena destacó además la responsabilidad internacional del Estado, derivada de la ratificación de tratados y convenios de derechos humanos, y alertó sobre la existencia de violencia política en decisiones que limitan la participación y el poder institucional de las mujeres.

La directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, Aracellys De León, señaló que la universidad busca contribuir al debate público frente a un tema que ha sido presentado, erróneamente, como si el país no contara previamente con avances en políticas de género. “Desde este mismo auditorio, en múltiples ocasiones, se ha analizado la evolución de las políticas públicas de género en Panamá”, recordó, al rechazar la idea de que un instituto sea más dinámico o cercano al territorio que un ministerio.

En representación de la Vicerrectoría de Extensión, Lesbia Arrocha destacó que reducir el Ministerio de la Mujer a un instituto tendría impactos negativos en los derechos humanos, especialmente para los grupos más vulnerables, y recordó que la Constitución panameña establece la responsabilidad del Estado de promover la justicia social y reducir la desigualdad.

Por su parte, Keila Cedeño, secretaria de la Secretaría de Género, Diversidad e Inclusión del SINTUP, sostuvo que el debate sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer debe trascender los espacios académicos y llegar a la clase trabajadora, ya que “lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se defiende”. Señaló que las mujeres enfrentan múltiples formas de violencia interseccional en un sistema que calificó como capitalista, patriarcal, misógino, racista y clasista, el cual se sostiene históricamente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres y la naturalización del cuidado y la reproducción de la fuerza laboral.

Advirtió que la eliminación del Ministerio de la Mujer profundiza estas desigualdades al debilitar la capacidad del Estado para transformar esa realidad mediante políticas públicas de género, y cuestionó que, pese a que las mujeres representan la mayoría de la población estudiantil y egresada en la Universidad de Panamá, los espacios de poder y toma de decisiones continúan siendo ocupados mayoritariamente por hombres.

Asimismo, llamó a los movimientos sindicales y sociales a ser autocríticos, al reconocer que los derechos de las mujeres siguen tratándose como un tema secundario, incluso dentro de la clase trabajadora. Finalmente, enfatizó la necesidad de que las mujeres desarrollen una vocación de poder, ocupen espacios de decisión y construyan alianzas colectivas, para que el conocimiento sobre los derechos humanos y la igualdad de género llegue a todos los territorios y se traduzca en cambios reales para la sociedad panameña.

Durante la cátedra también se hizo un recuento de los principales avances legales y compromisos internacionales en favor de los derechos de las mujeres en Panamá, entre ellos la Ley 82 de 2013 contra la violencia de género y el feminicidio, la Ley 54 de 2012 sobre participación política, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las expositoras coincidieron en que estos logros no han sido dádivas, sino el resultado de luchas históricas, por lo que insistieron en que el país no debe dar pasos atrás. En ese sentido, la Universidad de Panamá reafirmó su compromiso de seguir siendo un espacio de análisis crítico, defensa de los derechos humanos y acompañamiento a las luchas por la igualdad de género.

Por: Irina Chan Castillo / Félix Villarreal.