La propuesta de impulsar una nueva Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución vigente ha reactivado uno de los debates de mayor trascendencia para el futuro institucional del país. Ante este escenario, especialistas de la Universidad de Panamá aportan distintas perspectivas sobre los desafíos jurídicos, políticos y sociales que implicaría un eventual proceso de transformación constitucional.

Aunque el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, actual coordinador ejecutivo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC), considera necesaria una nueva Carta Magna para superar las limitaciones del actual sistema político, los académicos consultados coinciden en que cualquier modificación de la estructura constitucional debe estar acompañada de legitimidad democrática, participación ciudadana y respeto al orden jurídico.

Bernal sostiene que la Constitución vigente concentra un poder excesivo en el Órgano Ejecutivo y permite prácticas que, aunque legales, pueden resultar éticamente cuestionables. Desde su perspectiva, el país debe avanzar hacia una reorganización profunda del Estado antes de las elecciones de 2029 para evitar una eventual crisis institucional.

Frente a esta propuesta, especialistas de la Universidad de Panamá plantean en el Semanario La Universidad diferentes consideraciones sobre el mecanismo, las condiciones y el alcance que debería tener un eventual proceso constituyente.

Al respecto, el Mgtr. Marco Tulio Londoño, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, advierte que la Constitución panameña contempla mecanismos específicos para su reforma y que cualquier proceso que se aparte de los procedimientos establecidos podría generar cuestionamientos sobre su legitimidad y afectar el orden institucional. En ese contexto, considera necesario examinar con rigor jurídico conceptos como el de una eventual “constituyente paralela” y las implicaciones que tendría para la organización del poder público.

Desde el ámbito del Derecho Penal, la Dra. Julia Sáenz, catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, subraya que cualquier modificación constitucional debe preservar los principios jurídicos que garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos. A su juicio, el debate no puede limitarse a la necesidad o al deseo de cambiar la Constitución, sino que debe considerar las reglas que sustentan la organización del Estado y la protección de los derechos.

El abogado Paulo Marenco Chávez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, plantea que el desafío constitucional trasciende el contenido de la Carta Magna. En su opinión, ninguna reforma producirá cambios sustantivos si no está acompañada de una transformación en la conducta de gobernantes y ciudadanos. Por ello, considera que una nueva Constitución tendría sentido si surge de una participación popular auténtica y responde a las necesidades reales de la población.

Las condiciones políticas en las que se desarrollaría un eventual proceso constituyente también generan interrogantes entre los especialistas.

El investigador Euclides Antonio Méndez, del Instituto de Estudios Nacionales, señala que el país atraviesa un escenario marcado por la desconfianza ciudadana hacia el Gobierno y por el debilitamiento de los espacios de oposición social. Desde su perspectiva, estas condiciones representan un desafío para construir un proceso ampliamente representativo y capaz de generar consensos.

Por su parte, el Dr. Olmedo Beluche, director del Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades, cuestiona que una Constituyente promovida desde las estructuras actuales de poder pueda garantizar una representación amplia de la sociedad. En ese sentido, plantea la necesidad de incorporar a sectores populares, sindicales, estudiantiles, campesinos y ambientalistas, con el propósito de que un eventual proceso constituyente refleje la diversidad social del país.

El Mgtr. Samuel Prado Franco, docente e investigador en Filosofía y Ciencias Políticas del Instituto de Investigaciones, recuerda que la discusión sobre una Constituyente originaria no es nueva y que históricamente ha sido impulsada por movimientos estudiantiles y sindicales. No obstante, advierte que un proceso de esta naturaleza implica resolver asuntos complejos relacionados con la representación, los mecanismos de elección y el alcance de las reformas.

Las opiniones recogidas entre los especialistas muestran coincidencias en torno a la necesidad de que cualquier discusión sobre una nueva Constitución se desarrolle con transparencia, participación ciudadana y legitimidad democrática, aunque existen diferencias respecto al mecanismo, las condiciones y el alcance que debería tener un eventual proceso constituyente.

Más allá de las posiciones jurídicas, políticas e ideológicas, los académicos consultados coinciden en que Panamá enfrenta desafíos institucionales que requieren una discusión profunda. El debate, por tanto, no se reduce a determinar si el país necesita o no una nueva Constitución, sino a establecer bajo qué condiciones podría desarrollarse un proceso capaz de generar confianza, representación y consensos.

Desde la academia universitaria, el aporte al debate nacional pasa así por colocar sobre la mesa preguntas fundamentales: qué tipo de Estado necesita Panamá, cómo debe organizarse el poder, quiénes deben participar en una eventual reforma constitucional y qué garantías deben existir para que el resultado responda al interés colectivo.

El eventual proceso constituyente, advierten las distintas voces académicas, no debería entenderse únicamente como un mecanismo para modificar estructuras de poder, sino como una oportunidad para discutir el funcionamiento de la democracia y las instituciones del país. Su legitimidad dependerá, en buena medida, de la capacidad de construir un proceso abierto, representativo y respetuoso del orden jurídico.

Texto: Redacción / Semanario La Universidad

Foto: Ilustrativa (Generada por IA)