A 31 AÑOS DE LA INVASIÓN DE ESTADOS UNIDOS A PANAMÁ, EL DUELO NACIONAL Y LA JUSTICIA VERDADERA SIGUEN PENDIENTES

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En mi Panamá han transcurrido 31 años de lo que fue la aciaga noche del 19 hasta el amanecer del 20 de diciembre de aquel año 1989, donde el poder bélico-militar de los Estados Unidos bombardeó sin misericordia e invadió nuestro país en la ciudad Capital, Colón y el resto de las provincias que también fueron tomadas bajo el control del ejército USA, bajo el pretexto de garantizar la “liberación del país” del asedio represivo del entonces narco-dictador militar Manuel Antonio Noriega y sus alta comandancia. Todo esto bajo la denominada operación “Causa Justa”.

La verdad, dentro del razonamiento lógico y humano, realmente aún no se puede entender cómo los Estados Unidos unilateralmente e invocando “El Tratado de Neutralidad”, con más de 25 mil soldados y probando la tecnología armamentista de esa época, tomaron por asalto al país y bombardearon con tanta saña nuestros barrios pobres y humildes que al paso del estruendo terrorífico de sus aviones, las ráfagas, los misiles, las bombas y las tanquetas, dejaron muertos por doquier y escombros en la ciudad capital como lo fue el Chorrillo, Santa Ana, San Miguel, Calidonia, Bella Vista, Panamá Viejo, San Miguelito, Pacora, Pedregal, Tocumen, en las áreas en Tumba Muerto, Balboa, en Chilibre y muchos otros sitios en el interior como Colón, en Rio Hato, Chiriquí y demás puntos de la geografía nacional por aire, tierra y mar. En definitiva una acción terrorista que bajo el nombre de “Causa Justa”, quedó imborrable en la memoria del pueblo panameño, cuyo hechos, datos estadísticos y testimonios han sido recopilado por organismos de Derechos humanos al igual que en varios escritos de académicos e intelectuales panameños y de otros países.

Para septiembre del 2019, en el Paraninfo universitario se realizó la presentación de la sexta edición del libro La verdad sobre la Invasión, del sociólogo e intelectual panameño Olmedo Beluche. En el contexto de esta presentación,el rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, refiriéndose al tema, en una parte de su intervención expresó lo siguiente:  “El poderío armamentista con última tecnología por parte de Estados Unidos, dejó un alto número de víctimas, algunas cifras indican que fueron alrededor de 4,000 muertos, unas 2,800 familias quedaron sin viviendas, pérdidas económicas mostradas por el descenso del Producto Interno Bruto por unos 1,500 millones  de dólares, efectos psicológicos que aún se ciernen sobre la mente de los panameños y además se agravó la inseguridad social misma que persiste hasta nuestros días, todo esto indica el alcance del desastre causado”.

Otro aspecto importante presentado por el rector en esa intervención fue cuando expresó que “Datos publicados del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, también recogen la magnitud del bombardeo de esa noche, registró a las 12 horas, 46 minutos, 40.3 segundos la primera explosión y transcurridos cuatro minutos ya que habían 69 detonaciones, situación que se mantuvo por unas trece horas hasta que se averió el sismógrafo. Bombas de 1000 y 2000 libras, muy parecido a los temblores de tierra de 5 grados de intensidad en la escala Richter. Esta brutal agresión embargó de tristeza, pero también de alegría en algunos grupos de panameños”.

No cabe dudas que con esta funesta acción, los Derechos Humanos fueron flagrantemente violados en todos los aspectos por las tropas invasoras, y por el entonces presidente George Bush padre, quien argumentó ante lo ocurrido que su objetivo era “capturar” a Noriega; aun cuando es conocido por documentos ya desclasificados que durante muchos años Manuel A. Noriega fue un fiel agente e informante de la CIA, hasta que William Casey su mentor falleciera en el año 1987, dos años antes de la invasión.

En este tema el sociólogo y docente de la Universidad de Panamá, Dr. Olmedo Beluche expresó que; “Sería ingenuo aceptar a priori los argumentos del ex-presidente George Bush padre, en el sentido de que se invadió a Panamá para “garantizar la vida de los norteamericanos y la seguridad del Canal”, o que se buscaba traernos la “democracia” y sancionar al “narcodictador” Manuel A. Noriega”. La prueba más fehaciente de que el objetivo norteamericano no era “liberarnos” del dictador, “fue cuando aquel 3 de octubre de 1989, cuando Moisés Giroldi y un grupo de oficiales dio un golpe de estado y arrestó a Noriega, ofreciéndoselo a Estados Unidos, las tropas del Comando Sur se hicieron las desentendidas y con desprecio miraron para otro lado”.

Pasada ya tres décadas, como muchos otros crímenes en nuestro país, los hechos siguen aún sin esclarecerse del todo; sin conocer aún las cifras reales de los muertos, las investigaciones judiciales continúan sin procesos concretos y sobre todo sin imponer castigo a Estados Unidos único gobierno responsable de este genocidio ocurrido en nuestro país, donde los muertos reposan en silencio el olvido de sus nombres por todos los gobiernos pos invasión, que la fecha han demostrado un desinterés político ante la condena del imperio invasor y porque se le haga justicia a los muertos, a las víctimas sobrevivientes y a los familiares, y por ende al propio Estado panameño cuyas secuelas de esta invasión aún siguen repercutiendo en el aspecto político, económico y social.

A la invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989 le pasó lo mismo que al 3 de Noviembre de 1903, lo sostiene el sociólogo Beluche al decir que “la clase dominante panameña mantiene en la oscuridad el acontecimiento, mientras que los amanuenses intentan imponernos un balance histórico que es diametralmente opuesto a la verdad. Ellos pretenden que el acto más cruel y sanguinario de sojuzgamiento de la nación panameña por el imperialismo norteamericano sea recordado “como una liberación”, en palabras del ex arzobispo Marcos G. McGrathTal y como han logrado, con cierto éxito, respecto a la separación de Panamá de Colombia en 1903, pasando como “independencia” el acto que nos convirtió en colonia”.

Durante la década del 80 el general Noriega demostró el control político y militar que tenía en el país. Esto llevó a empresarios y sectores de la burguesía a articularse en lo que fue  la denominada “Cruzada Civilista”, que se oponía al régimen militar impuesto por quien en un primer momento había sido su aliado. Por lo que, aprovechando el descontento generalizado que ya existía en el pueblo por el abuso y ultraje de los militares, los principales actores y referentes de los “civilistas” montándose en esa coyuntura realizaron múltiples protestas y manifestaciones que terminaban siempre en confrontaciones violentas y hasta sangrientas contra los “Doberman”, donde el pueblo era la principal víctima. Por lo que a razón de estos acontecimientos, la burguesía empresarial conjuntamente los principales líderes de los “civilistas”, sin medir las consecuencias, pidieron la Invasión a los Estados Unidos para sacar a Noriega del poder y así lograr establecer la “Democracia” en el país, bajo el nuevo gobierno de (Guillermo Endara, Arias Calderón y Guillermo Ford), juramentado en Clayton la base militar de Estados Unidos, ubicada en ese entonces en la Zona del Canal.

Pocos meses después, luego de haberse juramentado y colocado la banda presidencial al nuevo gobierno “democrático”, el verdadero rostro y objetivo de aquella invasión quedó patentado, ya que para julio de 1990, el gobierno norteamericano reclamando lo acordado hizo firmar al nuevo gobierno presidido por Guillermo Endara Galimani, el llamado “Convenio de Donación”, por el cual se darían algunos millones de “ayuda” económica a cambio de la aplicación de un estricto plan de liberalización y privatización dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), tal cual como lo señala el texto de dicho convenio.

Hay que decir que a partir de ese “Convenio de Donación” el gobierno de los Estados Unidos, en el pasar de todos los gobiernos pos invasión; estratégica y políticamente ha tenido un gran éxito con lo que propuso aquella ocasión. Tanto así, que la apariencia democrática del régimen ha permitido aplicar a fondo todo el esquema neoliberal y el recetario capitalista en los continuos gobiernos posterior al de Endara (Civilista), como lo ha sido con el de Pérez Balladares (PRD), Mireya Moscoso (Arnulfista), Martín Torrijos (PRD), Ricardo Martinelli (CD), Juan Carlos Varela (Panameñista) y con el hoy presidido por Laurentino Cortizo (PRD).

31 años han pasado y aún se desconoce con exactitud cuántas personas murieron, ya que muchos de estos cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, algunas aún desconocidas. Sin embargo, cabe señalar que hace dos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su decisión sobre el tema de la invasión de Panamá. Cuyo caso lo llevó adelante la abogada Gilma Camargo en representación de más de 270 panameños, que en su momento testificaron ante la CIDH, para que se esclarecieran los hechos y se hiciera justicia. Esta decisión de la CIDH es “una oportunidad para el pueblo panameño, y para otros pueblos, de poder defenderse de agresiones ilegales de países más poderosos”, ya que la CIDH en “este caso histórico insta a EEUU a resarcir a las víctimas de la invasión” señaló la abogada Camargo.

En el caso de Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo N°121 (de 19 de julio de 2016), fue creada La Comisión 20 de Diciembre de 1989. Instancia presidida por Juan Planells Fernández y conformada además por un grupo representativo de panameños(as), profesionales y activistas de derechos humanos, comprometidos para esclarecer las muertes y demás hechos ocurridos por la invasión de 1989. Comisión que desde su creación ha apelado a tener los fondos económicos suficientes para realizar esta labor de investigación y de garantizarles justicia a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de los muertos. 

En el caso de la Universidad de Panamá, esta desde sus fundación en 1935, cumpliendo con el rol de ser conciencia crítica de la nación y en ser recinto de los grandes debates sobre temas nacionales, antes, durante y posterior a lo que fue la invasión; desde sus posiciones institucionales y desde la beligerancia histórica de lucha del movimiento estudiantil y gremial; ha jugado siempre un importante papel en rechazo a lo que fue la presencia militar norteamericana acantonadas en la antigua Zona del Canal, sitio desde donde operaba la denominada “La Escuelas de Las Américas”, que se encargaba de entrenar a los militares golpistas y represores de toda América latina incluyendo a Panamá.

Es por ello que iniciada aquella invasión, las tropas militares estadounidenses también tomaron por asalto la casa de Méndez Pereira, destruyendo a su paso varias de sus instalaciones, causando daños millonarios. Situación que llevó al entonces rector Abdiel J. Adames, a primeras horas de la mañana del mismo 20 de diciembre de 1989, hacer la siguiente denuncia a través de un pronunciamiento institucional que en su esencia recogía lo siguiente: “La Universidad de Panamá, considera urgente e ineludible expresar su enérgica y categórica condena al gobierno de los Estados Unidos de América por la brutal agresión militar que está desarrollando en estos momento contra nuestra república…

Los universitarios panameños hemos reiterado en los pronunciamientos de los órganos democráticos de gobierno de la institución, que la crisis política interna del país debe ser resuelta por los propios panameños a través de la negociación respetuosa y con miras a lograr el afianzamiento de la soberanía nacional, conquistar la justicia social para las mayorías populares empobrecidas y propiciar el régimen democrático y participativo al que aspiran los panameños.

Solicitamos a todas las universidades latinoamericanas y del mundo, así como a la comunidad internacional, que condene la arbitraria y brutal agresión del ejército de los Estados Unidos contra nuestra patria, demanden el cese inmediato de los ataques a la República de Panamá, el retiro de las tropas invasoras y contribuyan positivamente a que la nación panameña encuentre las fórmulas políticas, sociales, democráticas y patrióticas a que aspira el pueblo panameño”

La participación de la Universidad de Panamá a lado del movimiento popular ha sido ampliamente escrita en innumerables páginas de la historia panameña. Y ante la genocida invasión de aquel 20 de diciembre de 1989, también supo jugar su papel en defensa de la patria y del pueblo panameño, agredido, masacrado y asesinado por las balas, las tanquetas, los aviones y las bombas del mismo ejército militar estadounidense que un 9,10, 11 y 12 de enero de 1964 también dejó muertos y cientos de víctimas panameñas.

Es por ello que al conocer de la creación por Decreto Ejecutivo de La Comisión 20 de Diciembre de 1989 en julio de 2016. Para el mes de abril del 2018,la Universidad de Panamá representada por el rector Dr. Eduardo Flores Castro firmó un Convenio de cooperación con esa importante Comisióncon el propósito de contribuir y colaborar efectivamente en el esclarecimiento de la verdad y tener pleno conocimiento del número e identidad de las víctimas, en el marco de la responsabilidad de la promoción y protección de los derechos humanos.

“Pueden contar con el respaldo de la  Universidad de Panamá  para encontrar la verdad de lo ocurrido, ya que la Casa de Méndez Pereira cuenta con el personal especializado, además de  instituciones que podrán colaborar en el proceso para que la Comisión 20 de Diciembre de 1989 logre descubrir lo ocurrido”, Este convenio establece que  la Universidad de Panamá llega al acuerdo de “promover  la creación de una nueva cultura, fomenta el respeto a los Derechos Humanos, al progreso social, el ambiente y el desarrollo sostenible, además de promover el pensamiento crítico con miras de fortalecer una soberanía nacional”, expresó el rector Eduardo Flores C. una vez firmado ese histórico convenio.

Y en palabras de Juan Planells Fernández, presidente de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, como firmante de dicho Convenio, manifestó que el mismo “ayudará a rescatar los recuerdos de suceso que nunca debieron ocurrir, y destacó que tienen la esperanza que los resultados puedan apoyar a las víctimas y sus familiares a esclarecer la violación de los derechos humanos y de los derechos internacionales que también fueron violados”. A partir de la firma de ese convenio, los universitarios, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la invasión han estado pacientemente a la espera de que finalmente se haga justicia y se declare Duelo Nacional.

Sobre este tema, hay que señalar que el año pasado el gobierno del PRD, presidido por Laurentino Cortizo Cohen, decretó un superficial y limitado “Día de Duelo Nacional” para el 20 de Diciembre (2019), sin que esto incluyese el cierre de las oficinas públicas y privadas. Si bien este decreto puede verse como un paso oportuno en la dirección correcta, que obedece al clamor generalizado de todo un pueblo exigiendo por décadas esta medida elemental, a todas luces es insuficiente; porque, dicho decreto estuvo referido exclusivamente a la conmemoración de ese año. Es decir, hasta ese momento no se decretó de forma permanente, no se reformó en el Código de Trabajo, que es el que regula esta materia, ni tampoco obliga al Estado a realizar eventos conmemorativos y de recordación. De modo tal que frente a este decreto, corresponderá a la población panameña insistir para que sea de carácter oficial, obligatorio y permanente.

En medio de una dura crisis de salud a causa del COVID-19, que a la fecha ha causado más de 3,350 muertes en nuestro país, cifra que continuará en ascenso hasta tanto no exista una cura real. El pueblo panameño recordará y reflexionará una vez más este 20 de diciembre de 2020 al cumplirse los 31 años, lo que fue aquella sangrienta invasión norteamericana; y, pese a que ya no se pueden esconder los centenares de asesinados, los miles de heridos, las decenas de miles que quedaron sin hogar, y los multimillonarios daños causados a nuestra economía y al país, los gobiernos panameños desde el de Guillermo Endara hasta el actual presidido por Laurentino Cortizo, además de seguir endeudando al país y han mantenido muy buenas relaciones con el gobierno Invasor, siguen aún sin reconocer y decretar un “Día de Duelo Nacional”, como fecha verdadera y permanente. Y mientras que eso no ocurra, estamos seguros que las víctimas aún sobrevivientes, los familiares de los muertos y desaparecidos; al igual que las organizaciones populares, sindicales, de derechos humanos y todas las expresiones activas y vinculantes a la Universidad de Panamá, seguirán manteniendo ese compromiso incondicional de seguir recordando y reflexionando en su propio “Día de Duelo Nacional” con eventos y acciones diversas, a esos miles de panameños y panameñas que fueron víctimas inocentes de aquella invasión terrorista catalogada por el imperio invasor como “liberación”.

Por. Félix E. Villarreal V.

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