La máxima casa de estudios superior a nivel nacional, la Universidad de Panamá, en las últimas semanas ha sido blanco de críticas, señalamientos y de ataques sistemáticos por parte de aquellos que en su lógica y concepción neoliberal y empresarial ven a esta magna y prestigiosa institución de la academia, el conocimiento, la formación y la investigación, como una carga para el Estado. 

Entendiendo entonces que hay una intención planificada y trazada contra las universidades públicas a nivel latinoamericano por lo que éstas representan en beneficio de los pueblos, nuestra universidad no escapa de la clara intención trazada por neoliberales, empresarios e incluso aupada por aquellos detractores que aprovechan el momento y las circunstancias; por ende, en esa línea de ideas y en una breve definición o explicación general, el “ataque sistemático” contra las universidades públicas se refiere a una serie de acciones coordinadas y persistentes que buscan debilitar, difamar, desestabilizar o incluso desmantelar estas instituciones, afectando su funcionamiento, autonomía, proyección, prestigio y relevancia social.

Un ejemplo claro de lo anteriormente planteado lo hemos visto y vivido los universitarios, a razón de esos constantes “ataques sistemáticos” que desde hace varias semanas viene recibiendo la Universidad de Panamá, a razón del accionar desempeñado en las distintas manifestaciones y protestas escenificadas de los grupos estudiantiles y gremios sindicales universitarios en solidaridad con las luchas del pueblo panameño, contra la rechazada y cuestionada Ley 462, el intento de reabrir la mina, construir los embalses de Río Indio y ante la ofensa de la patria con la firma del “Memorando de entendimiento” entre el gobierno panameño y el de los Estados Unidos.

Estos ataques, no solo han sido causados por el asedio, la represión policial, los chorros de agua a presión del pitufo o las incalculables descargas de gases lacrimógenas, balas de gomas disparadas por las Unidades del Control de Multitudes, sino que han afectado a estudiantes, administrativos y profesores, al igual que daños y pérdidas cuantiosas en edificios y laboratorios, como el caso de la Facultad de Medicina entre otra serie de daños ocasionados al patrimonio universitario.

En medio de una “política de choque” impulsada por el gobierno, destinada a “liberalizar la economía planificada del Estado hacia una economía de libre mercado mediante una reforma neoliberal repentina y drástica”, llama la atención que en medio de este escenario de confrontación y lucha de clase, saltan a la palestra pública una serie de valoraciones negativas y de “ataques sistemáticos” mediáticamente expresado o insinuados por altos funcionarios del gobierno panameño, como el director de la Policía Nacional, el ministro de Seguridad, el mismísimo Presidente, el contralor de la República, entre otros personajes del círculo gubernamental, que al expresar su malestar o descontento contra la casa de Octavio Méndez Pereira y los universitarios les han llamado “maleantes, terroristas, vagos, pandilleros, malandrines, vándalos, facinerosos, zánganos”, entre otros calificativos irrespetuosos y despectivos.

Entre la “política de choque” impulsada por el gobierno y el denominado “ataque sistemático”, se abre paso y se crea a nuestro juicio, el escenario perfecto de controversia que apunta a la aplicación de algunos ajustes o recortes presupuestarios drásticos o en todo caso segmentados contra la Universidad, permite incluso la aplicación de cambios legislativos que limitan su autonomía, como por ejemplo el intentado por el actual gobierno con “el proyecto de Ley que buscaba modificar la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá” y sin participación de los universitarios, proyecto de ley quefueunánimemente rechazado mediante un Pronunciamiento del Consejo General Universitario CGU aprobado, en la Reunión N°1-25, celebrada el 11 de marzo de 2025.

En medio de esa estrategia de “ataque sistemático”, es donde se crean las narrativas o campañas de difamación y desprestigio hacia la institución o incluso se definen mecanismos de persecución hacia los estudiantes, administrativos y hasta profesores por razones políticas; más aún cuando estos como estamentos y actores sociales defienden el pensamiento crítico y el debate de las ideas.

Sin embargo, a contra corriente de estos acontecimientos antes señalados, cabe destacar y recordar lo que establece el artículo 1 del Estatuto sobre nuestra Universidad de Panamá, que, en su calidad de universidad oficial de la República: “tiene carácter popular; está al servicio de la nación panameña, sin distingo de ninguna clase, y posee un régimen de autonomía consagrado en la Constitución Política de la República de Panamá, con personería jurídica y patrimonio propio”. Y, por ende, estará inspirada siempre en “los más altos valores humanos y dedicada a la generación y difusión del conocimiento, la investigación, la formación integral, científica, tecnológica y humanística, dentro del marco de la excelencia académica con actitud crítica y productiva”. Y en cuanto a su Autonomía como lo describe el artículo 3 del Estatuto: “garantiza la libertad de cátedra, su gestión académica, administrativa, financiera, económica y patrimonial; la inviolabilidad de sus predios; su auto reglamentación, el manejo de los recursos presupuestarios, los fondos propios de autogestión y el derecho a autogobernarse”.

En ese sentido, aunque la Universidad de Panamá posee autonomía, a la fecha ha sido duramente cuestionada y asediada por el actual gobierno buscando tal vez con ello “condicionarla o doblegarla”.  Sépase pues que, aunque esta macro institución a nivel nacional tenga algunas fallas, críticas o asuntos administrativos internos a revisar, corregir o resolver está en la capacidad de hacerlo y decidirlo mediante el diálogo o debate en el seno de sus tres estamentos que autónomamente la conforman. Como en efecto lo ha hecho durante 90 años, manteniéndose en el tiempo como la principal institución resiliente, de prestigio y de referencia nacional e internacional, con calidad y alto nivel de enseñanza académica y formadora hasta hoy de más de trescientos treinta mil profesionales en beneficio del desarrollo productivo, económico, académico, científico, tecnológico, humanista, cultural y social en el terreno nacional e internacional.

Texto y Foto: Félix E. Villarreal V.